Nuestro sector rechaza una vez más, como lo hizo en los anteriores cuatro Comunicados, la inexplicable extensión por parte del Gobierno del Fideicomiso Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), que se propone malgastar los ingresos por retenciones en una medida que no trae ningún beneficio a los consumidores.

La misma se sustenta, entre otras argumentaciones, en que “… la invasión de la FEDERACIÓN DE RUSIA a UCRANIA ha afectado en forma significativa el abastecimiento global de productos agrícolas”, pero en la realidad el trigo a nivel internacional costaba antes de la guerra U$S 292/ton y hoy cuesta U$S 227/ton.

Desde el primer día hemos sostenido que, en todo caso, debía subsidiarse a los destinatarios finales de esa ayuda, es decir a la población más vulnerable, y no dilapidar las escasísimas reservas de nuestro país subsidiando supuestamente a quienes sí pueden pagar el verdadero precio del pan y de otros derivados de la harina.

Y decimos subsidiando supuestamente porque, como era de esperar, los números del INDEC muestran claramente que el pan y los otros productos de la segunda industrialización de harinas han seguido subiendo consistentemente a pesar de los millones de dólares que distribuyó el Fideicomiso, y ello en razón de que la harina es apenas un pequeño porcentaje de sus costos.

Por el contrario, esta herramienta inútil para contener los precios, ha causado numerosos perjuicios en la cadena comercial triguera, castigando una vez más al sector de la producción que ha soportado y soporta una de las peores sequías de la historia, vulnerando profundamente la libre y sana competencia natural entre las empresas molineras, creando graves distorsiones y cambios relativos de posicionamiento en el mercado interno, tensionando la cadena de pagos y poniendo en grave riesgo el desarrollo de un sector de pequeñas y medianas industrias diseminadas a lo largo y ancho del territorio nacional.

En razón de lo expuesto, urgimos a las autoridades nacionales a que procedan a derogar el DNU 288/23, reorientando los recursos del Fideicomiso para que beneficie realmente a quienes lo necesitan, en lugar de malgastar las divisas que tanto nos cuesta conseguir en una herramienta que ha demostrado ser totalmente ineficiente.

Rosario, junio 8 de 2023

En el día de ayer se realizó la 91era. Asamblea General Ordinaria de nuestra institución en la cual se aprobaron la Memoria y el Balance General, siendo las nuevas autoridades electas para el período 31/12/22 al 31/12/24 las siguientes:

Desde los inicios mismos del vapuleado fideicomiso del trigo (FETA) hemos sostenido que subsidiar a los molinos en cambio de hacerlo con los destinatarios finales de esa ayuda era un grave error conceptual que gastaría inútilmente valiosos recursos del Estado sin lograr los resultados pretendidos.

Nuestra entidad viene sosteniendo que intentar una vez más subsidiar la oferta en lugar de dirigir el subsidio a los que realmente pueden necesitarlo es un error doble, porque la realidad nos muestra una y otra vez que ese sistema fracasa, es ineficiente y dilapida valiosos recursos del Estado, el que pese a estar sediento de ingresos adicionales, gasta ingentes sumas que no llegan a los supuestos interesados y se pierden en los resquicios de un sistema perverso que el Estado tampoco llega a controlar, y dónde nadie gana realmente.

Tal como sucede con cualquier intervención de los mercados, la situación creada por el Fideicomiso ha ido en desmedro de una competencia sana, creando graves distorsiones y bruscos cambios relativos, generando también graves alteraciones en la cadena de pagos, en una desigual batalla por sobrevivir en un mercado donde conviven empresas con precios que, sin considerar el supuesto subsidio a percibir, serían claramente predatorios.

Además, y como si lo antes dicho no fuera suficiente, la industria molinera en su conjunto se maneja con márgenes muy pequeños de rentabilidad que nunca superan el 4 o 5% anual y tiene una capacidad instalada sin utilizar que ronda el 50%. En esas condiciones, a la mayoría de la industria le resulta imposible ingresar a un sistema que le exige financiar su producción y que, en caso de cualquier atraso en los pagos por parte del Estado, le ocasionaría lisa y llanamente una súbita descapitalización y entrar en cesación de pagos, asumiendo un riesgo desmesurado que terminaría en la pérdida de fuentes laborales, desparramando como un reguero de pólvora un sufrimiento adicional por todo el interior profundo de nuestro país.

Y estos atrasos de los que hablamos no son una fantasía ni una suposición, sino que se verifican hoy con la falta de pago a partir del mes de mayo respecto a los pocos molinos que accedieron a ingresar al FETA, cuya situación se encuentra comprometida por la existencia de importantes demoras en el cobro de lo adeudado por el Estado.

Si el Estado sabe bien que la harina tiene una muy baja incidencia en el precio del pan, no logramos entender porque se empeña en distorsionar el mercado con el Fideicomiso FETA, en lugar de –en todo caso- orientar sus escasos recursos a SUBSIDIAR LA DEMANDA DE LOS SECTORES VULNERABLES QUE REALMENTE LO NECESITAN.

Por todo lo expuesto, desde la CIM solicitamos firmemente terminar con una herramienta inútil que no cumple con el objetivo para el que fue pensada, es decir que el pan no subiera de precio… cuando está a la vista que sucedió lo contrario.

Rosario, agosto 29 de 2022

Ante la reglamentación del FETA (Fondo Estabilizador del Trigo Argentino) mediante la Resol. 439/22 de la Secretaría de Comercio Interior de fecha 4 del cte., la Cámara de Industriales Molineros (CIM) se ve en la necesidad de reiterar que el mecanismo decidido por el Gobierno Nacional no habrá de conducir a obtener los resultados para el cual ha sido diseñado.

Estamos convencidos, como lo hemos manifestado en anteriores oportunidades, de que el camino elegido debió ser el subsidio de la demanda, en concreto de aquellos sectores carenciados que son asistidos por el Estado, y no un subsidio generalizado de la oferta que difícilmente llegue a beneficiar a quienes deben ser sus reales destinatarios.

Si bien el sistema ha sido diseñado de manera igualitaria para todas las empresas, no resulta indiferente para nuestro sector la inseguridad jurídica que acarrean la falta de precisiones sobre qué ocurrirá con la molienda de aquellos molinos que decidan no entrar al sistema, así como el hecho de que la potestad final de pagar o no el subsidio, y la oportunidad para hacerlo, dependerá solamente de la Secretaría de Comercio Interior. Ella deberá encarar la enorme e inquietante tarea de administrar la escasez de recursos frente al extraordinario volumen de dinero necesario, dinero a ser aportado por las arcas de un Estado con severas restricciones presupuestarias y que solo estaría en condiciones de recaudar alrededor de 400 millones de dólares, de acuerdo a las previsiones actuales.

El camino para lograr el abastecimiento de productos panificados a un precio asequible para la población vulnerable no resulta a nuestro criterio compatible con la reglamentación aludida. En razón de ello, y luego de analizada la misma, la molinería nucleada en nuestra institución expresó mayoritariamente que no está en condiciones de adherir al Fideicomiso propuesto.