Teniendo en cuenta las medidas tomadas recientemente por el Gobierno Nacional a fin de relevar la real capacidad instalada en nuestro sector industrial, las que a su vez servirán para lograr un efectivo control del cumplimiento de las normas generales establecidas para la comercialización de trigo y, en especial, combatir la evasión impositiva dentro de la cadena triguera, nuestra institución cree oportuno reiterar que comparte y apoya decididamente la implementación de las mismas, resaltando que uno de los objetivos primordiales de esta Cámara ha sido, es y será apoyar el combate institucional a la evasión dentro de nuestro propio sector, por cuanto la competencia desleal que significan las ventas marginales se hacen intolerables para aquellos que cumplen rigurosamente con las normas establecidas.

En tal sentido, apoyamos la difusión y rápida implementación de las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional, esperando que sean una herramienta eficaz y conducente para lograr controlar de forma eficiente y definitiva las conductas de competencia desleal que tanto daño causan en el mercado.

El 12 de diciembre de 2024 se realizó la 93era. Asamblea General Ordinaria de nuestra institución en la cual se aprobaron la Memoria y el Balance General, siendo las nuevas autoridades electas para el período Diciembre 2024 a Diciembre de 2026 las siguientes:

Nuestro sector rechaza una vez más, como lo hizo en los anteriores cuatro Comunicados, la inexplicable extensión por parte del Gobierno del Fideicomiso Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), que se propone malgastar los ingresos por retenciones en una medida que no trae ningún beneficio a los consumidores.

La misma se sustenta, entre otras argumentaciones, en que “… la invasión de la FEDERACIÓN DE RUSIA a UCRANIA ha afectado en forma significativa el abastecimiento global de productos agrícolas”, pero en la realidad el trigo a nivel internacional costaba antes de la guerra U$S 292/ton y hoy cuesta U$S 227/ton.

Desde el primer día hemos sostenido que, en todo caso, debía subsidiarse a los destinatarios finales de esa ayuda, es decir a la población más vulnerable, y no dilapidar las escasísimas reservas de nuestro país subsidiando supuestamente a quienes sí pueden pagar el verdadero precio del pan y de otros derivados de la harina.

Y decimos subsidiando supuestamente porque, como era de esperar, los números del INDEC muestran claramente que el pan y los otros productos de la segunda industrialización de harinas han seguido subiendo consistentemente a pesar de los millones de dólares que distribuyó el Fideicomiso, y ello en razón de que la harina es apenas un pequeño porcentaje de sus costos.

Por el contrario, esta herramienta inútil para contener los precios, ha causado numerosos perjuicios en la cadena comercial triguera, castigando una vez más al sector de la producción que ha soportado y soporta una de las peores sequías de la historia, vulnerando profundamente la libre y sana competencia natural entre las empresas molineras, creando graves distorsiones y cambios relativos de posicionamiento en el mercado interno, tensionando la cadena de pagos y poniendo en grave riesgo el desarrollo de un sector de pequeñas y medianas industrias diseminadas a lo largo y ancho del territorio nacional.

En razón de lo expuesto, urgimos a las autoridades nacionales a que procedan a derogar el DNU 288/23, reorientando los recursos del Fideicomiso para que beneficie realmente a quienes lo necesitan, en lugar de malgastar las divisas que tanto nos cuesta conseguir en una herramienta que ha demostrado ser totalmente ineficiente.

Rosario, junio 8 de 2023

Desde los inicios mismos del vapuleado fideicomiso del trigo (FETA) hemos sostenido que subsidiar a los molinos en cambio de hacerlo con los destinatarios finales de esa ayuda era un grave error conceptual que gastaría inútilmente valiosos recursos del Estado sin lograr los resultados pretendidos.

Nuestra entidad viene sosteniendo que intentar una vez más subsidiar la oferta en lugar de dirigir el subsidio a los que realmente pueden necesitarlo es un error doble, porque la realidad nos muestra una y otra vez que ese sistema fracasa, es ineficiente y dilapida valiosos recursos del Estado, el que pese a estar sediento de ingresos adicionales, gasta ingentes sumas que no llegan a los supuestos interesados y se pierden en los resquicios de un sistema perverso que el Estado tampoco llega a controlar, y dónde nadie gana realmente.

Tal como sucede con cualquier intervención de los mercados, la situación creada por el Fideicomiso ha ido en desmedro de una competencia sana, creando graves distorsiones y bruscos cambios relativos, generando también graves alteraciones en la cadena de pagos, en una desigual batalla por sobrevivir en un mercado donde conviven empresas con precios que, sin considerar el supuesto subsidio a percibir, serían claramente predatorios.

Además, y como si lo antes dicho no fuera suficiente, la industria molinera en su conjunto se maneja con márgenes muy pequeños de rentabilidad que nunca superan el 4 o 5% anual y tiene una capacidad instalada sin utilizar que ronda el 50%. En esas condiciones, a la mayoría de la industria le resulta imposible ingresar a un sistema que le exige financiar su producción y que, en caso de cualquier atraso en los pagos por parte del Estado, le ocasionaría lisa y llanamente una súbita descapitalización y entrar en cesación de pagos, asumiendo un riesgo desmesurado que terminaría en la pérdida de fuentes laborales, desparramando como un reguero de pólvora un sufrimiento adicional por todo el interior profundo de nuestro país.

Y estos atrasos de los que hablamos no son una fantasía ni una suposición, sino que se verifican hoy con la falta de pago a partir del mes de mayo respecto a los pocos molinos que accedieron a ingresar al FETA, cuya situación se encuentra comprometida por la existencia de importantes demoras en el cobro de lo adeudado por el Estado.

Si el Estado sabe bien que la harina tiene una muy baja incidencia en el precio del pan, no logramos entender porque se empeña en distorsionar el mercado con el Fideicomiso FETA, en lugar de –en todo caso- orientar sus escasos recursos a SUBSIDIAR LA DEMANDA DE LOS SECTORES VULNERABLES QUE REALMENTE LO NECESITAN.

Por todo lo expuesto, desde la CIM solicitamos firmemente terminar con una herramienta inútil que no cumple con el objetivo para el que fue pensada, es decir que el pan no subiera de precio… cuando está a la vista que sucedió lo contrario.

Rosario, agosto 29 de 2022