La Cámara de Industriales Molineros, integrada por molinos localizados en su mayoría en pueblos y ciudades del interior, todos de capitales nacionales y en su mayoría empresas centenarias, manifiesta expresamente que comparte la preocupación del Gobierno Nacional sobre la necesidad de resolver el flagelo de la altísima inflación que sufre nuestro país, agravado en el caso de los alimentos por la guerra desatada entre Rusia y Ucrania.
Igualmente, pone de relieve su preocupación por las evidencias de una posible intervención en el mercado de granos, manifestando su decidida posición en contrario. Las intervenciones para regular los precios de la oferta han dado nulos resultados en el pasado, distorsionando los mercados, desalentando la siembra y produciendo efectos claramente adversos tanto en la producción de granos como en su exportación. Nuestro país necesita imperiosamente aumentar su producción y sus exportaciones, agregando valor, incrementando la mano de obra ocupada y generando un mayor ingreso de divisas.
Por la disparada del precio internacional del trigo ocasionada por la guerra, el precio de la harina tuvo un alza que se explica en el siguiente cuadro:
Sin lugar a dudas que si el pan aumenta más de $ 25/kg. no se debe entonces al aumento de la harina, sino al aumento de los demás insumos y mano de obra.
Veamos dos cuadros que refuerzan estos números y permiten tener más claridad aún sobre este tema:
Por otra parte, compartimos que existe un segmento de la población que necesita de la ayuda del Estado para morigerar el impacto de la inflación en rubros esenciales de la canasta alimentaria; tan cierto como que hay otros sectores que no necesitan de tal ayuda.
Por eso, creemos firmemente que el Estado debería subsidiar SOLAMENTE la demanda de los sectores más vulnerables, pero no destinar los escasos recursos que posee para subsidiar a quiénes no lo necesitan.
El consumo de harina como tal, como pan, como galletitas y como fideos ronda los 90 kgs./habitante/año. Si hubiera que subsidiar el consumo de 25 millones de argentinos, la mitad de la población, el Gobierno podría hacerlo inyectando los fondos directamente en las tarjetas alimentarias existentes para la población más vulnerable, sin intervenir innecesariamente los mercados, con las nefastas consecuencias que ello ha tenido en el pasado, ni subsidiar el consumo de quienes no lo necesitan.