Ante la reglamentación del FETA (Fondo Estabilizador del Trigo Argentino) mediante la Resol. 439/22 de la Secretaría de Comercio Interior de fecha 4 del cte., la Cámara de Industriales Molineros (CIM) se ve en la necesidad de reiterar que el mecanismo decidido por el Gobierno Nacional no habrá de conducir a obtener los resultados para el cual ha sido diseñado.
Estamos convencidos, como lo hemos manifestado en anteriores oportunidades, de que el camino elegido debió ser el subsidio de la demanda, en concreto de aquellos sectores carenciados que son asistidos por el Estado, y no un subsidio generalizado de la oferta que difícilmente llegue a beneficiar a quienes deben ser sus reales destinatarios.
Si bien el sistema ha sido diseñado de manera igualitaria para todas las empresas, no resulta indiferente para nuestro sector la inseguridad jurídica que acarrean la falta de precisiones sobre qué ocurrirá con la molienda de aquellos molinos que decidan no entrar al sistema, así como el hecho de que la potestad final de pagar o no el subsidio, y la oportunidad para hacerlo, dependerá solamente de la Secretaría de Comercio Interior. Ella deberá encarar la enorme e inquietante tarea de administrar la escasez de recursos frente al extraordinario volumen de dinero necesario, dinero a ser aportado por las arcas de un Estado con severas restricciones presupuestarias y que solo estaría en condiciones de recaudar alrededor de 400 millones de dólares, de acuerdo a las previsiones actuales.
El camino para lograr el abastecimiento de productos panificados a un precio asequible para la población vulnerable no resulta a nuestro criterio compatible con la reglamentación aludida. En razón de ello, y luego de analizada la misma, la molinería nucleada en nuestra institución expresó mayoritariamente que no está en condiciones de adherir al Fideicomiso propuesto.